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En España no existe un problema de absentismo. Las cifras demuestran que tanto en ausencias injustifcadas, como en incapacidad temporal, los índices están por debajo de la media de la Unión Europea. Por tanto, se recurre al efecto tinta de calamar del absentismo para ocultar que la realidad de la falta de competitividad de las empresas, es que son poco productivas porque han abusado de un modelo de uso intensivo de mano de obra, sin dotar al trabajo de un valor añadido.

Cuando este paradigma ha caído, por la falta de fnanciación que nutría el negocio especulativo, las miserias han quedado al descubierto: existen carencias en formación, investigación, desarrollo e innovación. No ha habido una concienciación patronal de inversión a futuro que comprometen seriamente la competitividad empresarial española.

Donde sí existe un problema real de costes directos e indirectos es con los accidentes de trabajo, que se elevaron el año 2010 a 1.406.529 casos; sin entrar en el subregistro de las enfermedades profesionales. Reiteradamente los trabajadores y trabajadoras sufren daños derivados de su trabajo por la existencia de unas inadecuadas condiciones y, una vez más, por una falta de inversión en la prevención de riesgos laborales.

Además se tiene que tener cuidado con los controles privados indiscriminados y disuasorios de la incapacidad temporal ya que se hurta el derecho a la recuperación adecuada de los trabajadores y se fomentan modelos que llevan a la reincorporación al puesto prematuramente o la derivación al sistema público de salud con dolencias debidas a la exposición en el trabajo. Ello provoca el incremento de las listas de espera y un uso inefcaz de las cuotas de Seguridad Social, que precisamente se han de destinar a atender los daños laborales. Además, posibles recaídas, facilitan al empresario un de por sí fácil despido objetivo, indemnizado a la baja con 20 días por año trabajado, hasta un tope de 12 mensualidades.

Las mutuas, con mayor interés por lo económico que por la salud, apenas han ofrecido alternativas en los procesos de baja por IT contingencia común, cuya gestión por ellas es posible desde 1996. Los resultados no han pasado de actuaciones de presión para adelantar las altas, lo que junto a la crisis, afora la dinámica del “presentismo” (trabajar sin salud). Sólo han mejorado los datos de IT cuando el INSS ha introducido recientemente sistemas informáticos, como el “Ágora”, para facilitar la comunicación y la coordinación en diagnósticos o tratamientos con los sistemas públicos de salud.

El problema del absentismo por bajas de corta duración injustifcadas podría tener diferentes enfoques, sin embargo el debate parece centrarse en aquellas bajas cuyo inicio es cuestionable.

La relación médico paciente se basa en la mutua confanza, sin que en ella quepan sombras sobre otros intereses. Cuando un paciente busca en esa relación un interés ilegitimo, como es la determinación médica de una situación de incapacidad irreal, se produce un quebranto de la confanza para la que el médico en principio no está preparado, y solamente su experiencia profesional y la información que tenga a su disposición alertará sobre aquellos intereses. Pero no siempre, ni mucho menos, cabe pensar en un interés ilegitimo del paciente como determinante de una incapacidad no justifcada. El facultativo debe decidir si un problema real de salud es incompatible con un puesto de trabajo, y tal decisión debe tomarla cuando se encuentra en el inicio de un proceso clínico, en ocasiones con la única información que ofrecen los síntomas que padece el enfermo y con una información limitada sobre las condiciones del puesto de trabajo.

Por otra parte, algunos problemas menores de salud o de verdadera necesidad encontrarían solución sufciente si fuera posible una fexibilidad puntual o parcial en el propio entorno laboral, que en caso contrario fuerzan el inicio de una baja laboral y del proceso asistencial.

Además, cuando se inicia una baja, los propios plazos establecidos para la confrmación de la incapacidad, facilitan indirectamente que la duración del proceso pueda alargarse, al prever la norma que la confrmación se haga cada siete días.

En otro orden de cosas, no parece que se hayan diseñado y defnido a nivel estatal indicadores fables y parámetros de variabilidad que pongan de manifesto sin sesgos el impacto de las bajas de corta duración y menos que identifquen el impacto de las iniciadas de manera no justifcada.

En defnitiva, la mejora en la información que dispongan los facultativos y gestores, la fexibilidad razonable en el propio medio laboral y la posibilidad de que el plazo de confrmación de una baja se fje individualmente, pueden aportar aspectos de mejora a este problema.

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